La nueva ley pretende regular el desarrollo, comercialización, implementación y uso de sistemas de IA en los países que pertenecen a la Unión Europea.
La Unión Europea (UE) ha puesto en marcha la primera legislación global destinada a regular los sistemas de inteligencia artificial (IA), un hito que comenzó el 1 de agosto y se implementará gradualmente en todos los países que forman parte de la UE, según informó NeosMart.
Estas normativas tienen como objetivo equilibrar los beneficios de la IA con los riesgos asociados a estos sistemas. La nueva ley de IA de la UE pretende regular el desarrollo, comercialización, implementación y uso de sistemas de IA en los países miembros.
Europa aspira a convertirse en un líder mundial en el sector de la inteligencia artificial, fomentando la innovación y minimizando los riesgos asociados con estas tecnologías.
La legislación se aplica a todos los proveedores de sistemas de IA que operen dentro de la UE, sin importar su origen, así como a los usuarios que interactúan con estos sistemas.
Sin embargo, la ley no se aplica a las autoridades públicas de terceros países ni a organizaciones internacionales cuando colaboran en asuntos policiales o judiciales con la UE. Tampoco afecta a sistemas de uso militar o a actividades exclusivamente destinadas a investigación y desarrollo científico.
Uno de los puntos clave es la obligación de las empresas de informar a los usuarios cuando interactúan con sistemas de IA, como en llamadas telefónicas o chats con chatbots.
Según la Comisión Europea, la legislación clasifica los sistemas de IA en cuatro categorías: prohibidos, de alto riesgo, con requisitos de transparencia y de propósito general.
Entre los sistemas prohibidos se encuentran aquellos que utilizan técnicas subliminales para manipular el comportamiento humano, categorización biométrica indiscriminada y reconocimiento de emociones en entornos laborales o educativos, entre otros. Sin embargo, hay excepciones permitidas, como la identificación biométrica en tiempo real para la búsqueda de personas desaparecidas o la prevención de ataques terroristas.
Las sanciones por incumplimiento de la normativa variarán según el tamaño del proveedor y las circunstancias del caso, con multas que pueden oscilar entre €35 millones de euros o el 7% del volumen global de negocios de la empresa, hasta €7.5 millones de euros o el 1.5% del volumen global de negocios.
Tras su entrada en vigor el 1 de agosto, la ley se implementará completamente en un plazo de 24 meses. Sin embargo, algunas disposiciones, como las prohibiciones de ciertas prácticas, entrarán en vigor seis meses después, en febrero de 2025. Las regulaciones para modelos de uso general, como ChatGPT, comenzarán a aplicarse a partir de agosto de 2025, y la ley completa será efectiva en agosto de 2026.
Artículo tomado de Entrepreneur, lea el original aquí.